Oaxaca. Movimiento magisterial, 2006

Las luchas de poder

«Oaxaca es un estado lleno de problemas sociales. Centro turístico del sur de México, sus enclaves de prosperidad están rodeados por villas de miseria sostenidas, en mucho, por las remesas de los trabajadores migrantes. Mayoritariamente indígena y rural, es una de las dos entidades más pobres del país. En su territorio están a la orden del día luchas por la tierra, enfrentamientos con los caciques y los coyotes , disputas por los ayuntamientos, reivindicaciones étnicas, acciones por mejores precios para los productos del campo y resistencia al autoritarismo estatal. A ese atraso económico le corresponde un ejercicio de la autoridad arcaico, vertical y autoritario. Uno de los usos y costumbres del poder en Oaxaca establece que cada nuevo gobernador que toma posesión del cargo comienza su mandato reprimiendo. Demostrando así a los funcionarios que se van, a los políticos que se quedan y a la población que lo padece, que él es quien manda. Así lo hizo a su llegada Ulises Ruiz. Su unción como jefe del Ejecutivo oaxaqueño, el 1 de diciembre de 2004, fue bautizada con el agua bendita del castigo a sus opositores. Su ruta fue la misma por la que antes que él transitaron sus antecesores. Sin embargo, en esta ocasión los límites de la paciencia de los oaxaqueños fueron rebasados». (Hernández, 2008, 5-6)

Acciones de la appo

«El conflicto crecería exponencialmente generando en poco tiempo un estado generalizado de ingobernabilidad, presentando momentos de gran intensidad. A lo largo de los meses que se extendió el conflicto (esquemáticamente de mayo a noviembre de 2006), el movimiento popular aglutinado en la appo realizó diversas acciones legales y políticas encaminadas a desestabilizar al gobierno estatal y con ello lograr la salida del mandatario. En el aspecto político, destacan las multitudinarias ‹megamarchas›, 7 en total (algunas históricas, con más de un millón de participantes); la toma de las sedes de los poderes del estado, así como la toma simbólica de oficinas públicas a través de las denominadas ‹brigadas móviles›; los paros cívicos y sindicales; los bloqueos de carreteras y la toma de casetas; el bloqueo al Aeropuerto Internacional; la toma masiva de medios de comunicación para contrarrestar la ofensiva mediática del gobierno; el boicot a la Guelaguetza. Los plantones permanentes en el Senado, la Cámara de Diputados y la Casa de Gobierno, entre otras oficinas estratégicas de la función pública; la marcha caminata a la Ciudad de México y; por supuesto, las barricadas, símbolo del movimiento, que a fines del mes de agosto se extenderían a prácticamente toda la ciudad, con el objetivo de impedir los desplazamientos de grupos parapoliciacos identificados más tarde como ‹caravanas de la muerte›. (Ávila, 2015, 227)

Respuesta del gobierno

«En contrapartida, la estrategia gubernamental, tanto local como federal, se orientó en todo momento hacia una salida represiva, cancelando la vía del diálogo político y la distensión del conflicto a través de los cauces institucionales, –tales como la demanda de desaparición de poderes en el estado– contribuyendo de este modo al desgaste del movimiento y a la polarización de la población en general, todo ello en el marco de la coyuntura electoral de 2006, y la alianza entre el pan y el pri que negociaron la permanencia en el cargo de Ulises Ruiz a cambio de ofrecer quórum y legitimidad en el Congreso Federal a Felipe Calderón el día su cuestionada toma de posesión el 1 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo a Víctor Raúl Martínez Vázquez (2007: 39), el chantaje del pri, –‹Si Ulises cae, Calderón también puede caer›–, fue la fórmula que en dicha coyuntura finalmente favoreció la permanencia en el cargo del mandatario oaxaqueño». (Ávila, 2015, 227)